Organizar, vigilar y fiscalizar con absoluta imparcialidad el cumplimiento de las normas legales establecidas en la presente ley.
Determinar que los fondos del estado sean invertidos de acuerdo a las normas legales que lo regulan y en pro del beneficio público.
Examinar los actos del Ejecutivo Regional.
Analizar las demandas de las comunidades generando seguridad y confianza.
Considerar la participación de la ciudadanía en el ejercicio del control social para fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Identificar las irregularidades administrativas en la gestión pública de las entidades y organismos sujetos a su control, para así evaluar la calidad de vida y los beneficios del estado, en consonancia con los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad.
Definir los reglamentos concernientes a las políticas del personal de manera equitativa, así como a los entes públicos regionales.
Demostrar que se cumple la ley y normas en conformidad con lo previsto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.